Violencia contra la mujer y derecho internacional: una descripción general.

Cómo puedo responsabilizar a los Estados si no hay un instrumento específico legalmente vinculante sobre la violencia contra la mujer?” – ex Relatora Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer Rashida Manjoo, 2012; Asesora de Tada Mujer

No Legalmente Vinculante

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas, proporciona el acuerdo internacional más fundamental para combatir la violencia contra las mujeres, ya que declara la igualdad de derechos de mujeres y hombres, incluido el derecho a la seguridad personal. La DUDH define principios y valores universales. Ha tenido un efecto significativo en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, pero se considera más aspiracional que absoluto, está abierta a la interpretación y no crea una obligación legal para que los estados respeten estos principios.

En 1981, entró en vigor un tratado histórico que aborda la desigualdad para las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) fue el primer tratado de derechos humanos específico para las mujeres y es una herramienta esencial para promover la igualdad de las mujeres en el ámbito nacional e internacional. CEDAW, sin embargo, no aborda la violencia. De hecho, el texto del tratado no incluye la palabra “violencia” en absoluto.

Para abordar la omisión, en 1992, el CEDAW agregó una recomendación general específica a la violencia contra la mujer. La Recomendación General No. 19 fue histórica. Llevó el problema al escenario mundial, reconociendo que la violencia contra las mujeres y las niñas era sistémica y generalizada, un producto de la desigualdad y prevaleciente en el hogar (anteriormente, la violencia doméstica se consideraba un asunto privado). También impulsó la creación del Relator Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, un trabajo dedicado exclusivamente a eliminar esta violencia. Pero las recomendaciones generales no forman parte del tratado oficial, por lo que si bien la RG Nº 19, que se actualizó en 2017, es un instrumento político clave, carece del peso legal necesario para que los gobiernos actúen.

De manera similar, la Plataforma para la Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, pide a los gobiernos que adopten, implementen y revisen la legislación para garantizar su efectividad en la eliminación de la violencia contra la mujer, pero no crea una obligación legal para los estados.

Limitado en el Alcance

Varios tratados de derechos humanos protegen a las mujeres en situaciones específicas, pero incluso colectivamente, no son lo suficientemente integrales para cubrir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en todas las situaciones.

Las Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la paz, la seguridad y las mujeres (números 1325, 1820, 1888 y 1889) son específicas de la violencia contra las mujeres en conflicto.

El Estatuto de Roma, el tratado que estableció la Corte Penal Internacional, considera que la violencia generalizada o sistemática dirigida a mujeres y niñas en poblaciones civiles es un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra si ocurre durante un conflicto. Solo responsabiliza a los individuos por los crímenes, no a los estados.

La Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La Convención sobre los Derechos del Niño

La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional

Limitado por la Región

Tres tratados regionales que abordan la violencia contra las mujeres han tratado de abordar lo que falta a nivel mundial:

La Convención de Belém do Pará (oficialmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1994), fue el primer tratado regional específico para la violencia contra la mujer y ha dado lugar a cambios en la legislación nacional y reformas de políticas públicas que brindan mayor protección a las mujeres en algunos países de América Latina y el Caribe.

El Protocolo de Maputo de África (el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África, adoptado en julio de 2003) es un tratado sobre los derechos de las mujeres que incluye una definición sólida de violencia contra las mujeres y que cubre claramente “tanto la violencia real como los actos que podrían llevar a la violencia”. Impulsado por las ONG de derechos de las mujeres africanas, se creó en respuesta a la falta de implementación de la Carta Africana, que garantiza los derechos y la seguridad de las mujeres.

El Convenio de Estambul de Europa (Convenio para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, adoptado en marzo de 2016) se considera el de mayor alcance.

Además de ser limitados geográficamente, los diversos requisitos de los tratados dejan amplias brechas legales entre las naciones (una ley contra la violencia interpersonal podría aplicarse a un cónyuge, pero no a un novio, por ejemplo), lo que significa que la violencia contra las mujeres es la violación al derecho humano más extendido y sistémico que no está protegida a un estándar mínimo internacional.